Diario de Cuba

  OPINIÓN

Editorial: ¿Por qué dejan fuera de la discusión constitucional a los miembros de la UNEAC?

DDC | Madrid

De una carta dirigida a Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), publicada en Facebook por el historiador y ensayista Julio César Guanche, se desprende que no está entre los planes de la organización convocar a la discusión sobre el Proyecto de Constitución. Han evitado hasta ahora tal convocatoria y, a juzgar por las reclamaciones de las que habla la mencionada carta, estarían decididos a pasarla por alto. De ocurrir así, aquellos artistas y escritores que el régimen reconoce como tales tendrían menos oportunidad para expresarse acerca de la reforma constitucional que el resto de los trabajadores del país. Tendrían incluso menos derechos que los emigrados cubanos que aceptaron participar en la discusión y se inscribieron desde el extranjero. La diferencia estriba en que, como afirmamos en un editorial previo, las opiniones de esos emigrados, por incómodas que resulten, pueden ser fácilmente manejadas por el régimen, mientras que escritores y artistas podrían traerle a las autoridades muchos dolores de cabeza. Toca a los miembros de la UNEAC que entiendan como un derecho el opinar sobre las propuestas de cambios presionar a Miguel Barnet, y conseguir que este sea, al menos por una vez, algo más que un mayoral impuesto por las autoridades. Partido y sindicato son también instancias a las que recurrir para evitar que artistas y escritores sean excluidos. Y, por supuesto, se desentenderán de estas gestiones todos los miembros de la UNEAC incapaces de desobedecer órdenes superiores, por injustas que estas sean. Pero, más allá de lo que signifiquen para unos y otros una exclusión como esta, dice mucho de los cambios constitucionales en Cuba el hecho de que quiera dejarse fuera de su discusión a la intelectualidad artística del país. Dice mucho del temor del régimen, no ya a lo que los artistas independientes sostienen fuera de las instituciones, sino hasta de lo que puedan decir escritores y artistas dentro de una organización tan vigilada policialmente como la UNEAC.

CENSURA Una historiadora denuncia que la UNEAC no discutirá con sus miembros el proyecto de Constitución DDC | La Habana

La historiadora cubana Gladys Marel García Pérez dirigió una carta a Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas, donde cuestiona la decisión de esa organización oficialista de no debatir con el conjunto de su membresía el proyecto de Constitución. García Pérez indica en su misiva, publicada en el perfil de Facebook del ensayista e historiador cubano Julio César Guanche, que se había interesado frecuentemente con Alex Pausides, el presidente de la sección de escritores, a la que pertenece, por la fecha en que debería realizarse la asamblea de discusión del proyecto de Carta Magna. Finalmente, dice, "se me ha informado que el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros (Miguel Díaz-Canel) y la dirección del Partido, decidieron que usted no nos convocara a la participación en el análisis y discusión del proyecto de Constitución." La autora señala que es un error "desconocer nuestro derecho." A diferencia de la mayoría de las asambleas, que convocadas por el Gobierno desde agosto, se organizan en los centros de trabajo y escuelas, García Pérez recuerda que "una gran mayoría de escritores y artistas no pertenecemos a centros de trabajo." Antes de esa decisión, la historiadora apeló a uno de los vicepresidentes de la organización, el periodista del diario del Partido Comunista Granma, Pedro de la Hoz, y este le comunicó que "la decisión estaba en consulta". A título personal, la historiadora adjunta a su carta sus apostillas al documento constitucional que los miembros de la UNEAC no debatirán. "En mi condición de revolucionaria (...) me siento avergonzada", dice la autora. Y sugiere su tristeza, pues la medida "conlleva al descrédito del liderazgo de nuestra institución, porque se divorcia en esta coyuntura histórica del interés de los intelectuales asociados. Quien tomó esa decisión nos ha discriminado y ha violado el derecho de los colegas de la Asociación de Escritores. Nuestra Revolución se reinició en 1952 en defensa de la Constitución (de 1940) y en este momento demanda nuestro aporte a la nueva", concluye. Gladys Marel García Pérez es historiadora, ensayista y narradora, así como investigadora titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Entre sus libros están Insurrección y revolución (1952-1959), Confrontación: Debate Historiográfico, Crónicas Guerrilleras de Occidente y Mujer y Revolución. Fue además editora asociada de la Enciclopedia Gale Cuba. Pueblo, Cultura, Historia. Algunos de los comentarios dejados en el muro de Guanche manifiestan el repudio a la decisión de las autoridades. "Los artistas no imploran dentro de su propio espacio. Es inconcebible que un artista pida permiso al Gobierno para hacer un debate dentro de su propia organización. (…) Los artistas y cualquier asociación tienen pleno derecho a debatir el anteproyecto de Constitución del Gobierno", apuntó Javier Puig Santos. La investigadora Sandra Álvarez Ramírez señaló: "Le tienen un miedo a los intelectuales y artistas... (…) Si yo fuera miembro me reuniría 'por fuera' y haría circular por las redes el resultado de tal asamblea." Jose Antonio Quesada Pérez ripostó al comentario de Álvarez Ramírez: "Te buscarían un delito, algo así como reunión ilícita, te harían polvo, y luego ingéniatelas para vivir en un país donde el empleador por excelencia es el Estado."

POLÍTICA Las ocho enmiendas de EEUU a la resolución sobre el embargo que votará la ONU DDC | Washington

El Gobierno de Estados Unidos está impulsando un conjunto de ocho enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución contra el embargo sobre la Isla, que se llevará a votación en la ONU el próximo 31 de octubre. Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la Isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias de que son objeto los opositores al régimen. La primera de las enmiendas pide el Gobierno cubano que "otorgue a sus ciudadanos derechos y libertades civiles, políticas y económicas reconocidos internacionalmente, incluida la libertad de reunión, la libertad de expresión y el libre acceso a la información." La segunda manifiesta la "seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión, la ausencia total de independencia judicial, y el arresto y la detención arbitrarios, estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; Una tercera expresa también "gran preocupación de que en Cuba la ausencia de mujeres en los órganos más poderosos de toma de decisiones, incluido el comité ejecutivo del Consejo de Ministros y el liderazgo militar superior, socave gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, al contrarrestar la discriminación profundamente arraigada basada en el género que resulta de las actitudes patriarcales y las normas sociales relacionadas." La cuarta está referida a los derechos laborales, e indica la preocupación por "el hecho de que en Cuba el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la prohibición del derecho de huelga y las restricciones a la negociación colectiva y los acuerdos, incluido el hecho de que las autoridades gubernamentales y los funcionarios de CTC tienen la última palabra en todos estos acuerdos, socavan gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos". La quinta exhorta al régimen de La Habana, sus órganos judiciales y de seguridad, a "crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que una sociedad civil independiente, diversa y pluralista, pueda operar sin obstáculos e inseguridad indebidas." La sexta enmienda insta a que el Gobierno "ponga fin a las restricciones generalizadas y graves, tanto en la ley como en la práctica, sobre el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en internet como fuera de las redes, incluso poniendo fin al hostigamiento, la intimidación y la persecución de los opositores políticos, defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías, líderes laborales, activistas de los derechos de los estudiantes, periodistas, bloggers, usuarios de redes sociales y administradores de páginas de redes sociales, trabajadores de los medios de comunicación, líderes religiosos y abogados." La séptima insta "encarecidamente" a que el Gobierno "libere a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, considere la posibilidad de rescindir condenas indebidamente duras por ejercer tales libertades fundamentales, y ponga fin a las represalias contra las personas, incluidas aquellas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas." Finalmente, la octava enmienda exhorta a que el régimen "inicie un proceso integral de rendición de cuentas en respuesta a todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los que afectan a los poderes judiciales y de seguridad, y pide al Gobierno de Cuba que ponga fin a la impunidad de tales violaciones." El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla se quejó de lo que considera una "nueva maniobra política" de EEUU para justificar el embargo que aplica desde 1962 y que la comunidad internacional, como cada año, someterá a evaluación dentro de una semana en Naciones Unidas. Según el canciller, el memorando con las ocho enmiendas "intenta cambiar el espíritu de la resolución" que pide el levantamiento del embargo y estaría circulando con una carta firmada por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Gonzalo Gallegos, en la cual se hace referencias a Cuba tomando elementos de una polémica de Washington con otro país, al que no identificó, según la AFP.

REPRESIÓN El régimen levanta tres advertencias por 'usurpación de capacidad legal' a un periodista independiente DDC | Camagüey

El periodista independiente Adrián Quesada ha recibido tres cartas de advertencia por "usurpación de la capacidad legal" por colaborar con varios medios en la realización de audiovisuales, denunció a DIARIO DE CUBA Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba. Quesada, quien reside en Camagüey, confirmó a este medio que ha recibido amenazas de procesamiento penal y cárcel en tres ocasiones después de abril de este año. "El 15 de octubre fui citado en la Fiscalía municipal donde se me impuso una tercera carta de advertencia por 'usurpación' de funciones y capacidad legal. En la primera, además, fui acusado de 'cabecilla de grupo contrarrevolucionario'", explicó. Para Quesada se trata de "amenazas con prisión, el hostigamiento al que tienen habituado a quienes ejercen el periodismo independiente". Me abrieron un expediente, añadió Quesada, quien no descartó un futuro proceso penal en su contra. El joven, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), colabora con la revista La Hora de Cuba y con otros periodistas. Según contó a DIARIO DE CUBA, el pasado día 11 de octubre sufrió una detención por manifestarse en desacuerdo con un desalojo en Camagüey. "Una de las cosas que más pudo haberlos molestado es una colaboración que hice con La Hora de Cuba. Henry (Constantín Ferreiro) me llamó y a raíz de publicarse el trabajo fue que empezó todo", consideró. El audiovisual preparado por Quesada para la publicación recogió opiniones del pueblo sobre la designación de Miguel Díaz-Canel al frente del Gobierno el pasado mes de abril. La "usurpación de capacidad legal" es un delito recogido en el Artículo 149 del Código Penal al que recurre al régimen para acallar las voces contrarias. Incurre en él quien "con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado". Otros periodistas, incluido el equipo de La Hora de Cuba, han sido acusados de este delito. El régimen, que controla todos los medios de comunicación legales en Cuba, mantiene un blindaje contra la prensa independiente amparado por el Artículo 53 de la Constitución, el cual prohíbe la existencia de medios de comunicación privados. El propio Código Penal incluye disposiciones que permiten juzgar el ejercicio de la libertad de prensa como delito contra la seguridad del Estado. Además, el régimen ha creado leyes, como la 88, conocida como Ley Mordaza, con apartados destinados a reprimir al periodismo independiente. Por ese aparato legal, entre los 75 disidentes enviados a prisión en la primavera de 2003 unos 27 eran periodistas independientes.

SOCIEDAD 'Las fallas de las políticas sociales en Cuba no deben atribuirse exclusivamente a la escasez de recursos' PABLO DÍAZ ESPÍ | Madrid

Los números son elocuentes: en 2025 un 26% de los cubanos tendrá más de 60 años. Si bien en 1970 la población mayor representaba el 9% del total de habitantes del país, ya en 2016 pasó a ser el 19,8. Con 132,2 personas de la tercera edad por cada 100 menores de 15 años, y con la fecundidad por debajo de los niveles de reemplazo —menos de una hija por mujer desde hace 38 años—, la Isla encabeza los procesos de envejecimiento de toda América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las actuales pensiones han decrecido en un 54% con respecto a las de 1989, y el presupuesto estatal dedicado a los servicios sociales no para de caer.  La socióloga Elaine Acosta, especialista en envejecimiento poblacional, migración internacional y políticas de bienestar, ha participado en un estudio comparativo entre tres de los países más envejecidos del continente: Cuba, Chile y Uruguay. Sobre el tema, conversa con DIARIO DE CUBA. Señora Acosta, de 2011 a 2025 la población cubana disminuirá en valores absolutos, y la edad promedio en el país pasará de 38 a alrededor de 44 años… La rapidez y magnitud con que el proceso de envejecimiento poblacional se ha instalado en la sociedad cubana puede ser interpretado, en primera instancia, como una buena noticia. Los cubanos y cubanas podemos vivir más años y esto se ha conseguido en mucho menos tiempo que en las sociedades europeas. La disminución en los niveles de mortalidad (del 7,6 en 1970 al 4,6 en 2016) y la mayor esperanza de vida (de 64 a 78 años en el periodo 1960-2012) han traído un aumento significativo de la proporción de personas mayores de 60 años. Pero a la buena noticia se agrega una pregunta que, como decimos en Cuba, puede aguar la fiesta: ¿cómo e