Denuncia pública del Pr. Lázaro Reynaldo Martínez Ches

Manuel Alberto Morejón Soler.
LA HABANA, Cuba, 29 de julio, www.cubanet.org-  Aunque en la Constitución de la República de Cuba, en su Artículo 8  el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, recientemente el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) incluyó en sus estatutos el deber de:

 "Enfrentar resueltamente los prejuicios y conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas".

El Rev. Martínez Ches, que pertenece a la directiva del Ministerio Alianza Cristiana, desde hace dos años insistentemente solicita a las autoridades del Gobierno en todas sus instancias la legalización de la vivienda que  le asignaron provisionalmente en San Nicolás de Bari, después de haberse manifestado en protesta con su esposa y cuatro hijos en la Plaza de la Revolución  por las condiciones infrahumanas en que vivía en San José de las Lajas. El reverendo, su esposa y sus cuatro hijos aún siguen en un limbo legal, lo cual le ocasiona constante mente problemas tales como los que refiere a continuación:  

1. “La vivienda que ocupamos  por decisión del gobierno es ilegal, no tenemos ningún documento, contrato u otro papel que nos autorice a permanecer ahí, hace ya dos años”.

2. “La vivienda, fondo habitacional estatal, no es la que nos asignaron sino una vinculada al central azucarero Héctor Molina”.

3. “El carnet de identidad mío lo tengo sin respaldo de dirección.

4. “La libreta de abastecimiento por ende es ilegal”.

5. “Los documentos de mi esposa y cuatro niños están todavía con la dirección de San José de las Lajas”.

6. “En la escuela nos comunicaron que no pueden graduar al de 9no grado por no tener la dirección de allí”.

7. La atención clínica y estomatológica que le han dado a mi esposa e hijos en policlínico es sin Historia Clínica, porque no tienen actualizados sus documentos.

“En San Nicolás Bari todo el proceso que se lleva a cabo con nosotros es ilegal por parte de las autoridades municipales, todo esto ha sido despachado con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en ese entonces Osvaldo García y la Secretaria de la Asamblea Provincial, sin resultado alguno.

Esto manifiestamente es una situación discriminatoria por las creencias religiosas y el color de la piel de esta familia, pues por todos los medios se trata de apartar del el ámbito urbano a esta familia pastoral para que no puedan seguir ejerciendo su labor evangelística. Desde que llegaron a San Nicolás de Bari el Jefe de la Policía le dijo al pastor Martínez que ya él tenía referencias de él y que en su territorio no se podía hacer proselitismo religioso.