miércoles, 23 de enero de 2013

PETICION CIUDADANA


El Proyecto de Ley de Cultos y Asociaciones Religiosas surgió por un propósito Divino y como una necesidad para el pueblo de Cuba puesta en el corazón de pastores y siervos de diferentes confesiones religiosas que funcionan de forma legal y otras sin amparo jurídico, ya que en la República de Cuba en materia de libertad religiosa no existe ninguna Ley al efecto.

Los motivos que dieron origen a este proyecto fueron las restricciones en materia de libertad religiosa y la posibilidad de solicitar, a través de propuestas, cambios en las leyes que garanticen y respeten una Ley de separación de las instituciones religiosas del Estado y la promulgación en forma de una Ley de Cultos y Asociaciones Religiosas donde se establezcan las disposiciones siguientes:

  1. El derecho a la libertad de conciencia y de culto religioso.
  2. El derecho a la libertad de organización de las distintas confesiones.
  3. El derecho al no reconocimiento de una sola religión oficial.
  4. El derecho a la igualdad jurídica.
  5. El derecho a la libertad de manifestación de las confesiones religiosas en el ámbito público.
  6. El derecho a la libertad de la enseñanza religiosa.
  7. El derecho a la colaboración y cooperación: Estado- Iglesia –Sociedad.
  8. El derecho a la propiedad.
  9. El derecho al servicio religioso en los centros penitenciarios.

¿CÓMO PODEMOS ALCANZAR ESTE PROPÓSITO?

Solamente cuando alcancemos conciencia de la unidad en la diversidad y que divididos nunca alcanzaremos el potencial necesario para que seamos reconocidos legalmente por las autoridades, no obstante a que en Cuba en materia de libertad religiosa no existe una Ley de Cultos y Asociaciones Religiosas, seguiremos sin derecho alguno avasallados injustamente por las autoridades.
Estratégicamente tenemos que apoyarnos en el Artículo 8 de nuestra Constitución y exhortar a cuanto ciudadano cívico se pueda, para alcanzar uno cifra no menor a las diez mil firmas, para presentarlas en nuestro Parlamento tal como lo exige la Ley para promulgarla y tener un digno amparo jurídico.






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